Modelo de reclamación a aseguradoras por disminución de riesgo ante el covid-19

Puedes enviar un escrito solicitando, a las aseguradoras de vehículos, la devolución o bonificación de una parte del importe de la cuota ante la disminución del riesgo de siniestros como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 y las medidas de confinamiento y disminución de la circulación derivadas de ella. 

Si la compañía no te contesta, te indica que no tienes derecho a ninguna devolución ni bonificación o te ofrece una cantidad que consideras inferior a la razonable, puedes presentar una reclamación ante la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. 

Es importante que tengas en cuenta que el artículo 13 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que en este tipo de situaciones "deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente".
(Fuente: FACUA)

El siguiente modelo es aplicable a Línea Directa, donde el que escribe, como tantos afectados, ha habido de reclamar (desesperándose ante interminables llamadas en espera, interlocutores que te cuelgan tras marearte para nada, o respuestas denegatorias de asunción de su responsabilidad, que se niegan a dar por escrito) en más de una ocasión. Sin embargo, el modelo es adaptable a otras aseguradoras, mientras sigas el modelo de reclamación facilitado por cada compañía o, cuando sea indicado, utilices uno genérico en que se hagan constar los datos necesarios.

Pasos:

  1. Descargar formulario de reclamación:https://www.lineadirecta.com/doc/modeloReclamacion.pdf
  2. Escanear la hoja de reclamación, y rellenar los datos personales:

    -Datos del tomador

    -Datos de la póliza

    -Fecha

    -Firma

  3. En “Datos de la Reclamación” escribir el siguiente texto:

    Considerando que:

    1. Ante la disminución del riesgo de siniestros como consecuencia de la pandemia por el Covid-19 y las medidas de confinamiento y de disminución de la circulación derivadas de ella.

    2. El artículo 13 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece que en este tipo de situaciones “deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente”.

    Solicito:

    La devolución o bonificación de una parte del importe de la cuota del presente ejercicio en el seguro de vehículo que tengo contratado con ustedes.

  4. Adjuntar la hoja de reclamación en un email:
    Para:
    reclamaciones@lineadirecta.es

    Asunto: Disminución riesgo covid-19

    Cuerpo del email:

    A/At: Departamento de Quejas y Reclamaciones de LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A.:

    Fichero adjunto: hoja de reclamación que habíamos escaneado

 

ENSEÑANZAS DEL CORONAVIRUS PARA EL QUE QUIERA APRENDER

Esta epidemia nos ha cogido a todos con el paso cambiado; hay “sabios” que dicen que lo habían previsto, pero no propusieron soluciones. Era fácil, sólo cabían dos opciones: una que lo que venía era grave, y otra, que se estaba a la espera de los acontecimientos. Nadie presentó alternativas. Después de que hayan dado el número de la lotería todos lo acertamos.

No se puede criticar sin proponer soluciones, criticar solo sirve para ganar votos, audiencias y engañar a los crédulos.

Nosotros no teníamos ni tenemos la varita mágica para solucionar esta pandemia, por lo que no podemos criticar cómo se ha llevado. Pero hemos visto unas deficiencias tremendas que deben atajarse, y por ello proponemos algunas soluciones para el futuro inmediato, que debe empezar ya. Ganas nos quedan de meternos con el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero zapatero a tus zapatos. El problema esencial es de sistema, mientras no cambie el sistema padeceremos sus daños.

Como que la experiencia debe servir de algo, proponemos una serie de medidas para que no vuelva a darse la falta de material médico y sanitario, de centros hospitalarios, de médicos y sanitarios, de investigación médico sanitaria, residencias de calidad, servicios funerarios públicos eficientes. Para ello es necesario que, por parte de los poderes públicos, se tomen medidas, y la ciudadanía las reclame. Seguidamente desglosamos cada uno de ellos.

Sanidad pública

La sanidad pública no es un negocio, ni debe funcionar como tal. Es un servicio público, necesario para cuidar de todos los ciudadanos. Debe estar regido por funcionarios públicos en todos sus estamentos, con salarios de funcionarios públicos. La sanidad pública no debe estar regida por parámetros económicos, tal como ocurre en otros servicios públicos. Hay funcionarios públicos con conocimientos suficientes para ser buenos gestores, solo falta elegir bien, teniendo en cuenta únicamente sus habilidades para el cargo.

No puede ser que haya listas de espera en casi todas las áreas de la medicina. La única que debe haber es la de los médicos y sanitarios, esperando en la biblioteca o el centro de investigación del hospital (donde deben ejercitar sus conocimientos teóricos y prácticos) la llegada de enfermos. Un ejemplo lo tenemos en los bomberos, no hay lista de espera para apagar incendios, y cuando no hay incendios están en su centro ejercitando sus conocimientos, estudio, ejercicio físico, etc.

No puede haber conciertos con hospitales privados, los cuales, por supuesto, están regidos por empresarios ávidos de beneficios, solo hay que ver las últimas compras de hospitales privados concertados por empresas corsarias. No se puede entender que, pudiendo hacerlo un servicio público, se concierte la visita o la operación a un hospital privado. El concierto supone una serie de listas de precios por servicios que ofrece el hospital privado y que paga la Seguridad Social, no cabe duda que la empresa privada de ello obtiene un beneficio, que de hacerlo un hospital público sería más barato.

No se puede exigir a los sanitarios un número de visitas, lo que debe priorizar es la calidad.

Industria farmacéutica pública

La industria farmacéutica pública debe formar parte de la estrategia sanitaria, no se puede depender de la industria privada prácticamente deslocalizada en los países asiáticos.

Se deben crear laboratorios farmacéuticos públicos para producir los medicamentos más necesarios y esenciales, no se puede estar a expensas de que llegue en aviones del lejano oriente, además, defectuosos y a precio de oro.

Es importante que en esta industria colaboren y formen parte los investigadores públicos para que den paso a la creación de nuevas medicinas o tratamientos, lo que en un principio puede ser todo gasto. Con los nuevos descubrimientos se llegaría a amortizar.

Industria de material sanitario pública

Depender de otros países en casos de crisis sanitaria es una aberración, no puede suceder más. Se deben crear empresas públicas para la fabricación y mejora del material sanitario. No puede ser que se compren respiradores a China pudiéndolos hacer en el país, y que no haya una industria que los fabrique, o que se tenga que correr para pedir mascarillas, guantes y otro material sanitario. La vida de las personas no puede depender de las antípodas. Posiblemente esta industria pública resulte más cara, pero salva más vidas. ¿Cuántos sanitarios han perdido la vida por falta de material médico adecuado?

Esta industria deberá disponer de un centro de investigación y mejora de productos sanitarios, además de disponer de lugares para almacenarlos.

Investigación médico sanitaria pública

La investigación médico sanitaria debe ser lo más importante de un país que se precie de estimar a la ciudadanía. No se puede depender de otros países, es una obligación de los gobernantes.

Generaciones de investigadores están trabajando en otros países, por falta de centros y dinero para la investigación: personas que están dando lo mejor de sí mismos en otros lugares, pudiendo hacerlo aquí. Es como si se plantaran árboles frutales y cuando empiezan a dan la fruta se regalan. El coste de preparación básica lo produce España, y el beneficio lo recoge otro país. Más tonto no se puede ser.

Hay que dotar de medios suficientes a los centros de investigación públicos, para que puedan desarrollar los investigadores toda su capacidad. No puede ser que, en los pocos centros de investigación que hay, los investigadores encadenen contratos sin llegar a ser fijos nunca. Los investigadores deberán ser funcionarios públicos, a lo cual accederían mediante oposición o concurso de méritos.

Esto en principio es muy caro, pero cuando haya resultados se podrá amortizar. Cada investigador puede aportar mucho más de lo que percibe. Invertir en investigación es un beneficio para cualquier país, tanto económico como de salud.

Más hospitales públicos

Hemos visto los recortes sanitarios promovidos por los “iluminati” de la economía, grandes gestores del dinero público para empresas privadas, que después se han colocado en altos cargos en las empresas favorecidas.

Se debe disponer de lugares dignos para casos extremos, en lugar de dejar que se muera la gente por falta de hospitales adecuados.

No importa que sobren habitaciones hospitalarias, lo grave es que falten o que no dispongan del material adecuado. En los casos de carencia, cada minuto que pasa son vidas que se pierden; no se puede jugar a la economía y, de paso, con las vidas de los ciudadanos.

Más personal medico sanitario

En esta crisis se ha tenido que recurrir a estudiantes de medicina y de ciencias de la sanidad, a médicos extranjeros a los que rápidamente se les ha homologado el título, a médicos y personal sanitario jubilados, que seguramente cuando acabe la crisis se les abandonará, sin tener en cuenta los servicios prestados y que se han jugado la vida por ayudar a los demás.

Las universidades deben preparar más médicos y enfermeros, y los centros de ciencias de la salud a los auxiliares necesarios, que en el caso de que no haya trabajo, se puedan dedicar a impartir sus conocimientos en la enseñanza, en la investigación o en la prevención tan necesaria.

Residencias públicas de calidad

Las residencias para ancianos y discapacitados se han convertido en un negocio, pero en su mayoría pagado con dinero público. Se han convertido en almacenes para viejos y discapacitados, en los que unas maravillosas personas (lo han demostrado) aportan sus cuidados, por un salario de miseria (el empresario para obtener beneficio rebaja prestaciones y salario). La concentración y almacenamiento de internos hace que los contagios de enfermedades se den con más facilidad: se debe crear un protocolo para que esto no se produzca. No puede ser que no haya espacio suficiente para los residentes. Un país que no respeta a sus ancianos no tiene futuro.

El personal de las residencias debe cobrar un salario adecuado al trabajo que realiza y con personal suficiente, auxiliares, enfermeros, médicos, especialistas, etc.

Servicios funerarios públicos

Hemos visto que algunas funerarias, aprovechando la situación, han pedido ingentes cantidades de dinero para enterrar a los ancianos, mientras que al personal le pagan una miseria, con el riesgo que tienen.

Recientemente se han privatizado los servicios funerarios, antes municipalizados, indudablemente para que empresas privadas ganen dinero a costa del dolor de las familias. Los servicios funerarios públicos no constituyen un negocio sino un servicio público, que debe estar gestionado por funcionarios especializados, sin ánimo de lucro. Los precios deben ser oficiales y publicados en la prensa oficial (boletín de la provincia, municipio, etc).

Se preguntarán cómo se financia todo esto, pues bien, veamos:

  1. Aumentando estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado hasta lo que sea necesario.
  1. Ahorrando el dinero que cada año el Estado, el Parlamento, el Senado, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, los ayuntamientos, las entidades municipales regalan a los partidos políticos. Millones de euros en concepto de subvenciones, que en la mayoría de los casos se gastan en comilonas, alquileres de locales o entregas al partido, para pagar a sus altos cargos.
  1. Ahorrando el dinero que se entrega cada año a los sindicatos y asociaciones patronales. Cada vez que hay elecciones políticas o sindicales el Estado regala a los partidos políticos y sindicatos decenas de millones de euros, que utilizan para pagar a sus altos cargos.

4.- El Estado y las Comunidades Autónomas conciertan con hospitales privados unos precios por intervenciones quirúrgicas sencillas y poco complicadas, ya que, en el caso de que sean de gravedad, pasan directamente a hospitales públicos. Estos hospitales privados obtienen un considerable beneficio, que podía ahorrarse la sanidad pública.

5.- Las ventajas de la investigación y las empresas públicas farmacéuticas y sanitarias con sus descubrimientos y producción. Cada millón invertido, a la larga produce ciento. Podemos estar orgullosos de nuestros investigadores, que trabajan con pocos medios y, aún así, están en la brecha. Es una inversión a largo plazo, pero fructífera.

6.- Retirada de coches oficiales no esenciales, de dietas por actuaciones que no se llevan a cabo, comidas de trabajo que no son de trabajo.

7.- Retirada de los comedores y bares para recibir a personas “importantes”, ubicadas en los ministerios, consejerías y ayuntamientos.

8.- Una eficaz inspección de trabajo y seguridad social y de Hacienda que recaude y sancione a los fraudulentos.

9.- Obligar y sancionar los alquileres no declarados.

10.- Persecución de la economía sumergida.

11.- Eliminar los privilegios fiscales a las empresas de capital pirata.

Todo esto y muchas medidas más haría posible una sanidad para todos y todas.

CORONAVIRUS Y EL NEGOCIO DE LOS PIRATAS Y CORSARIOS

A cuenta de esta pandemia, se está destapando el gran negocio de algunos desalmados, a los que la necesidad y la carencia de material médico ha proporcionado una gran “oportunidad” para enriquecerse. No estamos hablando del tendero o el farmacéutico del local de al lado, sino de las grandes empresas deslocalizadas, que se fueron a hacer negocios a la China y a otros países de Asia, aprovechando que en esos países la falta de control y seguridad, en empleos con salarios de hambre, era la norma general. Asia se ha convertido en la gran fábrica del mundo, pero para poder fabricar barato, tenía que haber salarios de saldo y sin medidas de seguridad, derechos laborales y sindicales, y sin medidas ambientales.

En estos tiempos de coronavirus, hemos podido comprobar la actuación de las empresas de Asia, especialmente China, en cuanto a la venta de los productos sanitarios. Para poder comprar respiradores y material de protección, el Gobierno y las Comunidades Autónomas han tenido que acudir, en primer lugar, a los intermediarios, que pueden ser varios, dependiendo de la experiencia del comprador: uno en España y varios en China, que intermedian en la compra con las fábricas de China. Estas fábricas, o los intermediarios almacenistas que compran producciones enteras, normalmente piden la entrega de la mitad de su valor al hacer el pedido, y llegan, en algunos casos, a pedir la totalidad, o a subastar la mercancía al mejor postor, debido a la necesidad de los países. Se han dado casos en que el avión, donde estaba el material, se fue a otro país que pagaba más.

Estas empresas, como parte del negocio, tienden a rebajar la calidad del producto, que es lo que ha sucedido con los tests de coronavirus y material sanitario que se han tenido que devolver. Todos han sido engañados: Gobierno, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, donantes. Como todos han sido estafados, ahora callan. Recordamos las compras de material de prevención, que ha ido, desde una mascarilla de papel, un recortable de tela de algodón, a mascarillas de baja calidad: todos han caído en la trampa y lo han pagado a precio de oro.

El cuento chino está claro, producen barato y sin garantías para los obreros y el medio ambiente; consiguen sus ganancias, pero una vez creada la necesidad de su monopolio, venden al precio que quieren, ya que no tienen competencia.

En un momento de necesidad como el actual, en el que falta de todo, y la escasez hace que se acuda corriendo a los intermediarios (que sin ellos, como se ha dicho, no se puede comprar), aprovechan estos corsarios para meter goles: falsa homologación del producto, material de inferior calidad a la pedida, tests al 20% (y por lo tanto de eficacia nula), baja producción del material, para mantener los precios alzados… En fin todas las picarescas posibles sin que les preocupen las vidas humanas.

La falta de una industria de productos sanitarios, y la deslocalización de las que había ha traído estos lodos. ¿Cómo puede ser más barato un producto fabricado a 10.000 kilómetros de dónde se va a utilizar? Algo falla. Los que critican estas compras fallidas no dan alternativas, simplemente porque desconocen el mercado. Ellos no lo harían mejor, seguramente no saben ni gestionar su casa.

De todas formas, nos comprometemos a investigar las compras de material sanitario hechas por el ministerio de sanidad, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y publicar su resultado.

La alternativa a esta picaresca criminal es la creación de una industria pública para la producción de estos productos de material sanitario que, aunque resulte más cara, nos ayuda a no depender de piratas y corsarios. En casos de crisis no se puede ir mendigando material sanitario.

Tenemos que obligar al gobierno para que inmediatamente proceda a crear una industria pública de material sanitario y de investigación para la mejor protección de los sanitarios y personas.

UN PAÍS DE 47 MILLLONES DE VIRÓLOGOS

Este país, de momento llamado España, era conocido mundialmente por tener 47 millones de entrenadores de futbol, pero lo que no se sabía era que también había 47 millones de virólogos, cuestión que el coronavirus ha destapado, ¡Afortunado país que tiene tanto investigador!.

Los medios de información, sobretodo la televisión, nos muestran la sabiduría innata, de presentadores, tertulianos, periodistas y otros “sabios” invitados, que tienen la capacidad de solucionar, en un plis, la pandemia del coronavirus. Todos lo saben todo, todos tienen el remedio, desde la lejía al cóctel de medicamentos; otros dicen que se tenían que haber tomado medidas antes, y están pidiendo poder tomar el chupito en la terraza de un bar; otros que se está coartando la libertad, cuando ellos son liberticidas. En fin, soluciones para todos los gustos. El trabajo que hacen estos “virólogos mediáticos” es el de las audiencias, que dado el nivel del país, a mayor burrada que dicen, mayor es la audiencia, y de paso, se les sube el salario.

Los políticos, harina de otro costal, después de rebuznar durante el día todo lo que quieren, por la noche acuden al laboratorio a mirar si han subido en las encuestas, que a mayor dosis de rebuznos, mayor subida en las encuestas. Unos, los más antisociales, aprovechan la cuarentena para pedir libertad para salir a la calle; otros, los perdidos en el tiempo, piden poder cerrar su chiringuito para que los foráneos no les contagien; otros, que los demás no saben gobernar y ellos sí; otros se hacen eco de los bulos que les interesan; y aún otros que, con ellos habría habido menos muertes, aunque dejaran desatendidos a los ancianos en las residencias de los lugares donde gobiernan.

Malos tiempos para gobernar: no les arrendamos las ganancias. Un país que funciona a base de encuestas y audiencias, es un país que huele mal.

Todos compran mejor y más barato el material sanitario, pero desconocen el mercado y las formas de trabajar de ciertos empresarios, esto ya lo explicamos en otro artículo. Cuando se han puesto a comprar, les han vendido material de deshecho, inservible e inoperante.

Todo el mundo hace críticas de lo más sangrientas y absurdas posibles, algunos vividores televisivos se meten con la ropa y la forma de hablar de alguno de los coordinadores, otros dicen que el ministro de sanidad tenía que ser médico, ¿de cuál de las 100 especialidades? El ministro tiene que saber gestionar y coordinar las diversas áreas de la sanidad, que cada una tiene sus técnicos responsables y para eso se les paga.

En este momento de pandemia no se pueden decir tantas tonterías, solo cabe formular propuestas y presentar una mejor gestión, pero como no tienen propuestas, solo ponen piedras en el camino, y a gozar con los fracasos de los demás. Si critican las compras de material sanitario, es que no saben como funciona el mercado; si critican la forma de llevar la pandemia, que propongan su alternativa, con sus medios y científicos. La oposición al gobierno en la mayoría de los países ha sido ejemplar, en cambio, en España: cainita, bruta, traidora, visceral, desconocedora de lo que pasaba, solo interesada en las encuestas. No les preocupa que la gente muera, solo les preocupan las encuestas.

Cuando todo acabe, si acaba, ya pediremos cuentas al gobierno y a sus gestores, entendemos que ahora no ha lugar, porque no hemos visto una alternativa posible en los críticos, y nosotros no podemos aportar una alternativa.

Nos olvidábamos, y 47 millones de listillos.

NO AL TRIBUTO METROPOLITANO

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

En el mes de octubre de 2019 a los vecinos de 18 municipios (Pallejà, Badia del Vallés, Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallés, Torrelles de Llobregat, Barberá del Vallés, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, El Papiol, Cervelló, La Palma de Cervelló, Begues, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Santa Coloma de Cervellò y Badia del Vallès, les llegó por sorpresa el pago de un nuevo tributo impuesto por el Área Metropolitana de Barcelona. La excusa ha sido la rebaja de la zona 2 a la zona 1 en el transporte. Este Tributo se aprobó el 16 de octubre de 2018, y se empezó a aplicar a finales de 2019, con el apoyo de los grupos de PSC, ERC y los Comunes, que ha llevado a los ciudadanos, sorprendidos por esta inicua decisión, a participar en múltiples protestas, manifestaciones y concentraciones ante los ayuntamientos, la presentación de miles de recursos contra el Tributo, y otras acciones. Algunos ayuntamientos han mostrado su solidaridad con los ciudadanos, pero no han tomado decisiones en contra. Solo el ayuntamiento de Barberá del Vallés, en un estudiado recurso, se ha opuesto, y ha solicitado a los Tribunales la nulidad de este Tributo aberrante. Algún jurista ha calificado el Tributo como ilegal y de plena nulidad.

Solo en Pallejà los vecinos han presentado más de 1.500 recursos; en otros pueblos se han hecho concentraciones ante los ayuntamientos e igualmente se ha recurrido el Tributo. A fecha de hoy, aún no han resuelto.

El AMB, ante las protestas, ha desplazado a los municipios afectados a una serie de empleados (con un buen sueldo), para intentar convencer de las bonanzas del Tributo, atribuyéndole unos supuestos servicios (que presta el AMB), como transporte, gestión de residuos, parques y jardines, zonas deportivas y otros servicios. Para colmo, la AMB ni siquiera ha presentado un proyecto justificativo del destino del dinero recaudado.

Hay que tener en cuenta que los 18 municipios ya venían contribuyendo anualmente a los gastos del AMB en función a los habitantes de cada pueblo, por lo que el Tributo supone una doble imposición, prohibida en nuestra legislación vigente. Este Tributo supone pagar dos veces (una el ayuntamiento y otra el ciudadano) por los mismos supuestos servicios.

Este Tributo adolece de los requisitos más elementales para su creación, Entre otros:

-La transparencia: ha sido ocultada la fecha de su aplicación y, sobre todo, el destino final del dinero recaudado.

La información: no se ha informado a los ciudadanos afectados para que pudieran presentar las pertinentes alegaciones y recursos.

La participación ciudadana: no se ha llevado a información pública y no han participado los afectados por el Tributo, todo a escondidas.

Además, este Tributo es:

Discriminatorio. Solo pagan los propietarios de las viviendas, locales, terrenos, aparcamientos, etc. sin tener en cuento los ingresos actuales de esos propietarios, pensionistas, viudos/as, discapacitados, etc. Los que no son propietarios no pagan.

Desproporcionado. No se han tenido en cuenta servicios que tienen otras poblaciones como Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Sant Boi, tales como: Metro, Ferrocarriles, Tranvía, taxis o autobuses: igualan en la cuota, pero no en los servicios que debe ofrecer el AMB, antes de enviar el recibo.

Abusivo. No actualizan ni implantan las tarjetas T-4, T-Rosa, las cuales han dejado para más adelante. En otras ciudades del Área Metropolitana se las han proporcionado (Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Sant Boi, etc). Te piden que pagues pero sin los beneficios de otros pueblos y ciudades.

Tramposo.El Tributo fue aprobado en octubre de 2018, nada se dijo porque venían las elecciones de noviembre y empezó a aplicarse a finales de 2019. Se ocultó la imposición del tributo por motivos electorales.

Engañoso. El Tributo es simplemente para compensar el cambio de tarifas de la zona 2 a la zona 1, el engaño está en que se pretende justificar con la prestación de unos servicios que solo están en la imaginación de los políticos, ya que no se ha presentado proyecto alguno: ni planes ni nada que se le parezca. Tampoco cuentan la recaudación que supone el cambio de tarifas y el beneficio de que se utilice el transporte público por más personas.

Es un impuesto sobre el transporte. La única prestación que proporciona el AMB es el transporte. A no ser que incluya los salarios de los 52 políticos puestos a dedo.

Desigualdad de trato. Al aplicarse sobre el IBI y conociendo que cada ayuntamiento ha revisado el valor catastral en años diferentes, se incurre en una desigualdad de trato en el cobro del impuesto.

La finalidad única de este Tributo es la movilidad, o sea el transporte, ya que los demás servicios, o se pagan con otro tributo (gestión de residuos) o con el pago del servicio que, en muchos casos, se ha privatizado (piscinas y zonas deportivas).

Si la finalidad es la movilidad, y el transporte no se ha mejorado, ¿para qué quieren tanto dinero?. Sencillamente, para pagar a los cargos puestos a dedo, o más bien DEDAZO. La AMB tiene en nómina a 52 cargos de asesores puestos como se sabe a DEDO. La mayoría de estos cargos son residuos de alcaldes y concejales de ayuntamientos, que en la empresa privada no encontrarían trabajo, y hay que colocarlos por los servicios prestados al partido, no a los ciudadanos.

La rebaja de la zona dos a la zona uno ha sido la excusa para la imposición del Tributo que se aplica sobre el valor catastral (IBI), sin tener en cuenta el año en que ha sido revisado: los propietarios a los que se le haya revisado hace poco pagarán, lo que supone una muestra más de injusticia y un agravio comparativo, que habría de conllevar por sí solo a la nulidad del Tributo. La revisión del IBI depende de cada ayuntamiento, que puede haber sido entre 2004 a 2016.

Y como colofón a esta tomadura de pelo, se ha rebajado a la zona uno, pero sin las ventajas de otras poblaciones, ya que no se ha hecho efectiva las tarjetas T-4 y T-Rosa, lo cual constituye un agravio comparativo con Barcelona, L´Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, etc. Estas tarjetas ni están ni se las espera.

La falta de decoro por la ocultación de la fecha de la imposición del Tributo, a la espera de que pasaran las elecciones y la no aplicación de las tarifas sociales generales de la zona uno, es una muestra de la perversidad de estos políticos de saldo.

El cuento de la movilidad se rompe cuando los ciudadanos tenemos que desplazarnos a al centro hospitalario de referencia (Martorell), o para cualquier gestión en administraciones públicas fuera de la población y que estén en otras zonas (Sant Feliu).

En definitiva, este Tributo se ha impuesto única y exclusivamente para pagar los sueldos de los 52 asesores puestos a dedo que continuarán creciendo, porque hay que dar pesebre a los amigos y clientes. El dinero se les va en sueldos.

La nulidad del Tributo viene cuando a la AMB le resulta imposible justificar la finalidad del dinero recaudado, no amplían servicios, no prestan nuevos servicios. Lo más grave es que ni siquiera los tienen proyectados: es un Tributo indecoroso.

Y llegamos a lo más importante, en este Tributo cuya finalidad única es la movilidad, se aplica una doble fiscalidad: una por el cobro del Tributo y otra por el precio del billete. Se está pagando dos veces por un mismo concepto por viajar en transporte público.

¿Quién nos asegura que este Tributo no va a parar a los salarios millonarios de los cargos impuestos a dedo del Metro, Autobuses y Ferrocarriles (FFCC y Rodalies)?.

En cada uno de los 18 pueblos se han creado grupos contra el tributo. Había una serie de movilizaciones propuestas, entre ellas una concentración ante el Ayuntamiento de Barcelona, ya que la Presidenta del AMB es Ada Colau, pero el coronavirus lo ha impedido. Cuando pase esta situación se retomará.

Parece que algunas organizaciones políticas, sociales y ciudadanas han olvidado aquella frase que se decía cada año, para protestar contra las subidas de precios del transporte público: TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO.

CORONAVIRUS Y MENSAJES DE ODIO

El coronavirus está destapando lo mejor y lo peor de la sociedad: por un lado, estamos viendo al personal de sanidad que está en primera línea, en muchos casos diezmado por la enfermedad, a las trabajadoras de los centros de alimentación, a los recaderos, transportistas, personal del transporte público, recogida de basuras y otros, que están cumpliendo con una formidable función social: todos estos trabajadores cuentan también con sus víctimas. Estas personas cada día van a trabajar sometidas a un considerable estrés, sobre todo el personal de enfermería y el de caja de los centros de alimentación.

El estado de alarma, el confinamiento, la falta de libertad de circulación y de relación social, han traído consigo un nerviosismo egoísta. Grupos de tarados sociales se dedican a señalar a los que suponen culpables de la expansión del coronavirus, llegando a la imbecilidad de colocar carteles en las fincas donde pueden residir trabajadores de tiendas de alimentación, supermercados y personal médico y de enfermería, pidiéndoles que abandonen su domicilio porque les pueden contagiar, llegando a causar daños en el vehículo que utilizaba para su trabajo una médico.

Estos profesionales se merecen todos los respetos, están cumpliendo una función social sin precedentes: sin su trabajo no sería posible la convivencia y el bienestar del resto de la población.

Los médicos, enfermeras, camilleros, el personal de las emergencias sanitarias, el personal de los centros de atención primaria, el personal administrativo están en primera línea de combate, por eso cada día salimos a las ocho de la noche a aplaudir su trabajo y dedicación, sin ellos no es posible la salud, muchos han caído en este combate.

El personal de las tiendas y supermercados de alimentación y otros productos de necesidad, que cada día salen de su casa para hacernos la vida más llevadera. Los transportistas que llevan los alimentos a estos establecimientos, sin los cuales no sería posible el abastecimiento. Los trabajadores de los transportes públicos, metro, tren, autobús, taxis, que facilitan la comunicación y el traslado en casos de necesidad y para que los empleados de empresas de trabajos esenciales se puedan trasladar. La recogida de basuras y limpieza de las calles: sin su trabajo se añadiría otro problema y otras enfermedades. Todos estos trabajadores y otros de lo que nos podemos olvidar están haciendo posible sobrellevar esta situación angustiosa.

El Código Penal tiene artículos en los que perfectamente se encuadran estas actitudes de odio a las personas por su trabajo. La fiscalía tiene que actuar de oficio contra estos tarados sociales y no clasificar estos delitos como delitos leves sino la realidad, delitos graves con entrada en prisión inmediata, no se puede consentir que personas que cumplen una meritoria función social sean estigmatizados con motivo de su dedicación al servicio a los demás. Todos estos tarados dejan pruebas para que se les pueda encausar y condenar. Es importante tomar medidas contra estos actos deleznables.

Si estos tarados sociales no quieren enfermeras, médicos y cajeras de supermercados como vecinos, lo tienen fácil, ir a vivir a lugares apartados de la sociedad, sin posibilidad de atención médica o poder abastecerse de alimentos.

GRACIAS: ENFERMERAS, MÉDICOS, PERSONAL SANITARIO, TRANSPORTISTAS, CAJERAS Y PERSONAL DE TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, TRABAJADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS, TRABAJADORES DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA, entre otros.

EL PERSONAL SANITARIO MERECE UNA RECOMPENSA.

Las personas que, durante estos días y, desgraciadamente, en los venideros han fallecido en actos de servicio a la comunidad, ya no pueden ser recompensados, pero sí los familiares que dependían de ellos, y de los que se desconoce su situación y sus necesidades.

Para ello, es preciso que en cuanto se tenga noticia del fallecimiento de un sanitario (entendiendo por sanitario a cualquier persona que trabaje en la organización de la salud pública y también los trabajadores de la sanidad privada que hagan trabajos de emergencia para la sanidad pública) se tomen inmediatamente las medidas pertinentes para socorrerle.

Al personal sanitario, que con tanta dedicación está librando este combate, se le debe recompensar con un plus económico a cargo del erario público de las Comunidades Autónomas transferidas y del Ministerio de Sanidad.

A los estudiantes de Medicina, Ciencias de la salud y formación profesional que se hayan presentado voluntariamente para esta lucha, aparte del salario correspondiente a su trabajo, se les debe compensar con una puntuación especial como premio al compromiso, en el caso de que se presenten a cualquier oposición o servicio dependiente de la sanidad pública.

A los titulados que por emergencia sanitaria se les ha homologado la titulación, aparte de la compensación anterior, se les debe conceder la nacionalidad de forma inmediata por motivos de solidaridad y ayuda a los enfermos de esta pandemia.

El sufrimiento de los sanitarios es doble, por ellos y por sus familias: el temor a fallecer y el temor a contagiar a familiares. Esta situación de padecimiento y angustia se debe premiar de alguna manera, no sólo económica sino de agradecimiento de la población.

A las cuidadoras de residencias de ancianos y dependientes que se han quedado encerradas con los enfermos y residentes, para que estuvieran libres de contagios externos, aparte de merecerse el agradecimiento general, sería necesario un incentivo económico por su gesto de humanidad, además de una puntuación para acceder a trabajos públicos.

NO A LAS SUBVENCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS MUNICIPALES

Los partidos políticos y los grupos municipales se reparten cantidades millonarias entre ellos: decimos bien que se reparten, porque son ellos los que dicen el cuánto y el cómo, amparándose en una ley hecha a medida para su beneficio. Estas subvenciones son legales, pero inmorales.

Las cantidades de dinero público que se reparten suponen varios centenares de millones de euros: para hacer este cálculo hay que tener en cuenta los grupos del Parlamento, del Senado, de los 17 parlamentos autonómicos, de las 52 diputaciones provinciales, más de 3.000 ayuntamientos, y más de 500 entes comarcales e intercomarcales.

Todos estos centenares de millones de euros se deberían entregar en su totalidad para paliar los efectos de la pandemia, y no para cubrir unos gastos que no han existido, y que solo sirven para beneficiar a los partidos políticos y a sus dirigentes.

SI NO TRABAJAS NO COBRAS.

SI NO TRABAJAS NO PUEDES COBRAR DIETAS.

En este tiempo de pandemia, mientras que, millones de personas que no tienen ingresos, desde los que venden en mercados y mercadillos, a los autónomos y todos los profesionales que no pueden trabajar, por el confinamiento y porque no disponen de las cantidades que les proporciona un ERTE, miles de políticos siguen cobrando el sueldo, como si trabajaran… y además, cobrando dietas fraudulentamente, por no acudir a su centro de trabajo (Parlamento, Senado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y otros entes provinciales y comarcales).

Estos políticos a los que nadie controla, podían demostrar su solidaridad con la situación económica que se avecina dejando de cobrar el sueldo, al menos, los días que no trabajan.

¡¿Porqué no han presentado un ERTE a los políticos?!

A ADA COLAU LE GUSTA PRESENTAR RECURSOS AUNQUE LOS PIERDA, LO QUE QUIERE ES GANAR TIEMPO

Ante la resolución de la GAIP obligando a los grupos municipales a presentar las cuentas del dinero público recibido por el Ayuntamiento de Barcelona con facturas incluidas, Ada Colau ha presentado un recurso contra las resoluciones de la GAIP, entendemos que su finalidad es ganar tiempo.

Con los recursos lo que pretende es evitar la transparencia y la obligación de dar cuenta del destino del dinero público entregado a los grupos municipales. Repetimos, solamente la CUP nos ha presentado las cuentas, apoyadas con las facturas correspondientes.

Como hemos anunciado Ada Colau presentó un recurso contencioso administrativo contra la resoluciones de la GAIP que les obligaba a presentar las cuentas con las facturas correspondientes y a la vez que lo presentaba solicitó la aplicación como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la Resolución, pues bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se lo denegó, no conforme con esta decisión presentó el recurso de reposición que también ha sido denegado, con condena a las costas por valor de 800 euros y rapapolvo incluidas. ¿Lo pagará de su bolsillo?

LOS GRUPOS MUNICIPALES DE BARCELONA SIGUEN NEGANDO LA TRANSPARENCIA

HAN PRETENDIDO BLANQUEARLA CON UN ACUERDO MUNICIPAL EN EL QUE EN LUGAR DE ACLARAR LA TRANSPARENCIA DEL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO LO EMBROLLA AÚN MÁS.

La interpretación libre que hace el 29 de marzo de 2019 el Consejo Municipal de Barcelona del artículo 73, 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, del Decreto Legislativo 2/2003, la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre el financiación de los partidos políticos y La Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo sobre el control de la actividad económico financiera de los partidos políticos, hace que la única solución para este embrollo sea acudir a la fiscalía del Tribunal de Cuentas para que dicho Tribunal tome la decisión a la que repetidamente alude el Acuerdo del Consejo Municipal, en lugar de, simplemente, presentar las cuentas de un dinero que “les sale por las orejas” si cumplieran estrictamente la finalidad del artículo 73,3 de la Ley 7/1985, es tal la cantidad de dinero que se reparten, que resulta imposible gastarlo.

Dicho artículo da cuenta de las finalidades para las que se entrega el dinero público a los grupos municipales, que son las siguientes:

Material de oficina, telefonía, arrendamiento de un local para las reuniones del grupo, consultas a profesionales sobre temas municipales, pequeños gastos de reuniones con asociaciones o entidades, cursos de formación para los concejales, suscripciones a revistas especializadas, edición de un boletín del grupo, propaganda informativa del grupo y otros similares pero siempre para el grupo municipal.

Entre las cosas a las que no pueden destinar el dinero, están:

No puede servir para la financiación de los respectivos partidos políticos, ni fundaciones, ni a otras entidades vinculadas al partido político, los concejales no pueden percibir cantidades, ya que son personal al servicio de la corporación municipal, los grupos municipales no pueden contratar personal a su servicio, no pueden ser destinados a la adquisición de bienes de carácter patrimonial.

En el Acuerdo Municipal, se dice que en el caso de que los grupos municipales aporten todo o parte de este dinero público al respectivo partido se precisa un convenio de colaboración entre el grupo municipal y el partido político y una certificación del responsable de la gestión económica del partido acreditando que el dinero se ha gastado para cosas legales.

Pues bien aquí entramos en la financiación del partido político, cosa que como hemos visto está prohibida, y además, basta solamente un certificado del responsable de la gestión económica que declare su legalidad. Cuando entra el dinero en las arcas del partido ¿cómo se sabe su destino?. Que puede servir tanto para pagar el salario de los trabajadores del partido, como para la adquisición de bienes patrimoniales, o para pagar el salario de los directivos del partido, para tantas y tantas cosas que con este Acuerdo se hace desaparecer el control del dinero público que se junta en las arcas del partido con otros ingresos privados.

Lo que sale de cuentas es que hemos recibido que entre los gastos que algunos grupos municipales aplican a este dinero público están los alquileres de locales, ¡pero bueno que tomadura de pelo es esta!, ¡si cada uno de los grupos dispone de un magnífico local en el Ayuntamiento con todos los servicios gratis¡, disponemos de una certificación de ello y la hemos publicado en esta www, ¿de qué viene a intentar justificar alquileres que no son para el grupo?, si son del partido. Hemos visto los locales de los grupos municipales y son asombrosos. Por otro lado, otro grupo paga salarios de trabajadores con este dinero público y para más vergüenza paga además una cantidad para una pensión privada.

La borrachera de dinero público que se reparten es imposible de gastar si se cumple la ley, pero el Acuerdo les da alas a entregarlo a los respectivos partidos políticos.

Por dos veces se menciona el Tribunal de Cuentas una en los antecedentes y otra en la parte dispositiva. Parece una invitación a acudir a dicho Tribunal, pero como no son nuestros amos lo haremos cuando queramos.

En lo que nos interesa, en el punto 7 de la disposición cuarta en la que se dice que no corresponde al Ayuntamiento de Barcelona en control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que es función exclusiva del Tribunal de Cuentas. ¡Sólo faltaría!. El truco está en la falta de la posibilidad de control por parte del Ayuntamiento del destino final del dinero público al salir del grupo municipal y entrar en el área económica del partido político y así evitar la posible fiscalización por parte del Ayuntamiento y a su vez por los ciudadanos.

Hasta ahora el Ayuntamiento ha evitado entrar en el control del dinero público que salía de sus arcas para los grupos municipales, cuestión que hemos requerido insistentemente, pero con este Acuerdo intentan evitar esta responsabilidad.

Como quiera que nos han invitado a acudir al Tribunal de Cuentas, no nos va a quedar más remedio que hacerlo, a pesar de nuestra reticencia.

La disposición sexta es un brindis al sol, hace referencia a que el dinero sobrante retorne a las arcas municipales, no van a devolver nada, lo justificarán como entregado al partido.

MÁS DE LO MISMO, ERRE QUE ERRE, NO QUIEREN TRANSPARENCIA